INVERSIÓN

Régimen especial – Decreto 524/2025

La ciudadanía argentina por inversión se encuentra regulada por el Decreto 524/2025, que reglamentó el marco legal del régimen en julio de 2025, estableciendo una vía excepcional destinada a extranjeros que realicen una inversión significativa en el país, conforme a los criterios que determine el Ministerio de Economía.

Este régimen constituye un programa especial y diferenciado, sujeto a condiciones propias.

Autoridad de aplicación

El Decreto 524/2025 creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Economía, que será responsable de:

• Recibir las solicitudes de ciudadanía por inversión.

• Evaluar el cumplimiento de los requisitos económicos y legales.

• Coordinar la intervención de los distintos organismos estatales involucrados.

En el marco del procedimiento, intervienen, entre otros:

• Dirección Nacional de Migraciones (DNM)

• Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)

• Ministerio de Seguridad

• Unidad de Información Financiera (UIF)

• Registro Nacional de Reincidencia

• Registro Nacional de las Personas (RENAPER)

Programa estratégico y estado actual

Luego de dejar sin efecto el concurso internacional en abril de 2026, el Gobierno nacional avanzó con la implementación directa del régimen a través de la propia APCI, que cuenta con directora ejecutiva desde abril de 2026. El 2 de octubre de 2026, los ministros Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron en París los términos concretos del programa, previendo que la Agencia comience a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

Términos anunciados (octubre de 2026):

• Aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional, o suscripción de un título público de US$800.000 creado especialmente para el programa (condiciones del título —plazo, rendimiento, liquidez— aún no reglamentadas).

• Montos adicionales por grupo familiar: US$100.000 por cónyuge; US$100.000 por cada hijo soltero de 18 a 25 años sin hijos propios; US$25.000 por cada hijo menor de 18 años.

• No se exige acreditar el período de residencia previsto para otras vías, pero sí superar controles de debida diligencia (identidad, origen lícito de los fondos, análisis patrimonial, antecedentes penales y reputacionales), conforme estándares de la OCDE y el GAFI.

• La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI) evalúa la solicitud y eleva una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que resuelve el otorgamiento. El pago del aporte no garantiza la aprobación.

• Pese al anuncio, el programa aún no se encuentra operativo: no hay fecha exacta de apertura, ni reglamentación definitiva sobre el título público, los mecanismos de revisión ante un rechazo, ni los plazos de tramitación.

Consideraciones clave

• La ciudadanía por inversión no es automática ni discrecional.

• Requiere acreditar una inversión significativa, cuyo alcance será determinado por la autoridad competente.

• Es indispensable justificar el origen lícito de los fondos y superar controles financieros, migratorios y de seguridad.

• Hasta tanto el programa no se encuentre plenamente operativo, no es posible iniciar solicitudes formales, aunque sí realizar evaluaciones preliminares de elegibilidad.

Asesoramiento legal previo

Dada la complejidad normativa, el volumen económico involucrado y el carácter aún incipiente del programa, la ciudadanía argentina por inversión requiere un análisis jurídico y estratégico previo, orientado a:

• evaluar la viabilidad del perfil del inversor,

• anticipar exigencias regulatorias,

• estructurar correctamente la inversión,

• evitar demoras o rechazos futuros.

Nuestro estudio brinda asesoramiento legal integral y preventivo, acompañando al inversor desde la etapa de análisis hasta la eventual presentación del trámite, una vez que el régimen se encuentre plenamente operativo.